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Sinaloa y el SNA vs SEA: Manuel Cárdenas Fonseca

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Sinaloa y el SNA vs SEA

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que, al parecer de un servidor, en todo caso debió llamarse Sistema Nacional Anti Impunidad, ya que esta última es el origen de lo que hace atractivo ser corrupto en este país ya que la justicia “selectiva” impera aun atropellando la Ley y el orden Constitucional, lo que deriva en que nadie se sujete desde cualquier espacio social o empresarial, ya no se diga gubernamental, al imperio de la Ley, trae aparejado y es vinculante desde el orden de gobierno Federal a los órdenes estatal y municipal, de allí que en Sinaloa urge se adecue y haga los cambios para tener alineada su legislación y de vida jurídica en el Sistema Local y/o Estatal Anticorrupción (SEA).

Atendiendo lo anterior advierto que el caos constitucional, como lo señala Diego Valadés Ríos, nos lleva al caos social y eso nos tiene en el precipicio de no poder tener un verdadero “estado de derecho”, ya que como hemos comentado hace años, vivimos en un estado de excepción fáctico y, aquí, se vuelve imperioso que Sinaloa avance para bien y se garantice a la sociedad de que la ley se aplicará sin distingos en las conductas que presupongan violaciones sean administrativas o penales, mercantiles, civiles o familiares.

En Sinaloa se cambió la Constitución para dar tránsito a la figura de Fiscal General del Estado aun cuando en la página “web” de la institución se llame “Fiscal General de Justicia”, lo cual no es menor aunque así lo quieran ver quienes en esa institución trabajan, ya que debieran iniciar conociendo cómo se llaman, quedando bajo el mando del señor Juan José Ríos Estavillo y, la Institución, tiene plena autonomía constitucional por lo que el señor Estavillo ya no depende administrativa o jerárquicamente del Poder Ejecutivo, léase Gobernador Quirino Ordaz, al margen de los mecanismos que se aprobaron de separación del encargo.

Así, el gobernador queda excluido de responsabilidad respecto de las actuaciones de la Fiscalía y entonces los sinaloenses debemos saber qué y a quién exigirle resultados y, entonces, el andamiaje viene trunco debido a que el Congreso no ha aprobado la ley reglamentaria de la Fiscalía y eso es grave, por lo que en Sinaloa urge:

Se apruebe la ley de la Fiscalía.
Se entienda la autonomía de la misma, técnica, administrativa, operativa y presupuestaria y no se decline ante esa facultad subsumiéndose en los caprichos del Ejecutivo en materia de gasto o bien en la complacencia del legislativo.
El Ejecutivo debe aprender con extrema urgencia derivar la parte competencial incluyendo las averiguaciones previas o las vinculaciones a proceso absteniéndose del tema y la sociedad dejar de vincular de facto y en el día a día una supeditación que legal y constitucionalmente no existe.
Debe dejar de verse el imperio de la ley y el orden Constitucional como propiedad de grupos parlamentarios en el poder legislativos o en los partidos políticos y los diputados deben quedar, a la hora de legislar, circunscritos a una correcta técnica legislativa.
Por otra parte, sugiero que la sociedad debe participar para que el legislativo estatal no caiga en debilidades de cualquier tipo y verdaderamente cumpla con una alineación del orden estatal constitucional con el orden federal haciendo congruente la constitución local y sus cambios otorgando rango constitucional al sistema local anticorrupción en sintonía con la estructura, atribuciones, etcétera, a las otorgadas al SNA establecidas en la ley general correspondiente.

La hoja de ruta no es menor y debe llevarse “a pie juntillas” para, resuelto el tema constitucional que incluye la ley de la Fiscalía y el reflejo del SEA, pasar a las leyes secundarias lo que contempla reforma al poder judicial y crear la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal pues es insoslayable este último tema ante lo caprichoso de manejarlo desde todos los tiempos (como si estuviéramos en la edad de las cavernas) bajo un reglamento caprichoso y hormonal de quien en turno preside el poder ejecutivo estatal, advirtiéndose en esta nueva ley de la administración pública las competencias de los órganos de control internos o contralorías internas de las dependencias en cada uno de los poderes y los organismos constitucionalmente autónomos.

Es evidente que deben transitar de acuerdo al mandato de la Constitución general de la república, creando el Sistema Estatal Anticorrupción que incluye la participación de la sociedad (ciudadana) y reformar el código penal y muy importante también la ley de fiscalización y los espacios competenciales de la Auditoría Superior del Estado (órgano del poder legislativo).

Observando el bosque y no centrándose en un solo árbol o una rama de este último, poner especial atención en los artículos 7 y 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

La sociedad demanda servidores públicos probos, competentes y trasparentes en el debido ejercicio de su encargo, pero también debe de cambiar en sí misma para lograr los objetivos que se ambicionan logrando con ello hacer corto el camino en el tránsito de un esquema legal rebasado a la implementación del aprobado avanzando en la esperanza de hacer posible lo ambicionado y realmente se castiguen las indebidas conductas y nos sujetemos al amparo y bajo el imperio de la ley.

Los diputados de Sinaloa tienen la tarea en sus manos y, adecuado el marco legal, tendrán que revisar la estructura del gasto cumpliendo con sus obligaciones legales ya que el presupuesto de egresos debe, sí, debe contemplar primero las obligaciones legales de gasto y, si queda recurso alguno, entonces pensar etiquetar el mismo para cobijas y despensas.

¡Muchas gracias y sean felices!

cardenasfonseca@hotmail.com
www.manuelcardenasfonseca.mx
@m_cardenasf

Escrito por en 18 Mayo, 2017. Archivado en Columnas,Portada. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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