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En la Grilla por: Francisco Chiquete.

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Mazatlán, Sin.- Todavía no lo votan, pero ayer los diputados anticiparon un batazo de cuatro esquinas con el dictamen de las cuentas públicas de diez municipios: no es poca cosa exigir a los exalcaldes y exregidores que regresen las autoliquidaciones que se otorgaron al terminar los respectivos trienios. En este paquete son siete ayuntamientos los que registraron esta anomalía.

De acuerdo con el auditor superior del estado, Antonio Vega, los bonos otorgados a alcaldes y regidores no tienen ni razón de ser ni base legal. Es obligatorio, dijo, que se regrese el dinero y anunció que se mantendrá al pendiente porque es obligación de la ASE que se cumpla con todas las observaciones que se hagan a las cuentas públicas.

De acuerdo con el dictamen que ayer recibió su primera lectura, los anteriores alcaldes y regidores de siete ayuntamientos se otorgaron bonos y en algunos casos se entregaron también bonos a los empleados de confianza, lo que también tiene su penalización, aunque en un tono distinto y bajo circunstancias diferentes.

La lista de municipios involucrados, y las cantidades son las siguientes: Salvador Alvarado, 325 mil pesos; Badiraguato, 240 mil pesos; Ahome, 2 millones 982 mil pesos; Concordia, 440 mil pesos; Escuinapa, 804 mil pesos;  Elota, 210 mil pesos y Cosalá, 194 mil pesos, para un gran total de cinco millones 196  mil pesos.

Este dinero es parte de los apoyos que consiguió el gobernador Mario López Valdez en la Secretaría de Hacienda, para rescatar a los ayuntamientos, que le pedían y hasta suplicaban por un auxilio para no cerrar tan mal el ejercicio. El propio mandatario estalló públicamente cuando se enteró del destino que tuvo parte del dinero conseguido no fácilmente por cierto. Hubo que aguantar un discurso claridoso de Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, quien lanzó la advertencia de que no habría un nuevo rescate, por decir lo más amable.

En muchos de los casos, los alcaldes dieron preferencia a este autbono que a las deudas que argumentaron ante el gobernador para conseguir el apoyo adicional, de modo que aun con ese canillazo, heredaron deudas que no pudieron justificar ni mucho menos dejarles establecida una fuente de pago, como exigen las actuales disposiciones legales.

El caso más sonado fue el de Ahome, donde el exalcalde Zenén Xochihua Enciso se otorgó doscientos cuarenta mil pesos y otorgó casi tres millones de pagos extraordinarios en conjunto. Cuando los nuevos gobernantes se dieron cuenta del hecho, anunciaron que presentarían una denuncia penal, lo que no llegaron a hacer, pero sí esparcieron la noticia por todos lados.

La indignación de la sociedad fue tal, que Xochihua Enciso se vio obligado a encontrar una salida que le limpiara el honor, o al menos lo intentara. Para demostrar que el dinero no le interesaba, pero que tampoco aceptaba haber incurrido en una irregularidad, fue al palacio municipal e hizo un donativo por doscientos cuarenta mil pesos a favor del DIF. El dinero ahí estaba, pero no la aceptación de culpa.

Ahora Xochihua está en un brete, pues de acuerdo con el auditor superior del estado, el exalcalde tiene que acudir a entregar el dinero al ayuntamiento, no a ninguna otra dependencia. Si él hizo un donativo personal, es otra cosa. No puede ser tomado como una devolución. Quedarían dos caminos: o buscar la devolución del dinero que donó al DIF, o volver a desembolsar los doscientos cuarenta mil pesos.

No menos célebre fue el caso del exalcalde de Escuinapa, doctor Juan Manuel Lerma, quien incluso endosó al alcalde electo la necesidad de pedir un préstamo personal para abonar al personal de la Junta de Agua Potable. En todo el municipio corrió el mitote desde el primer momento en que los funcionarios quedaron pagados.

En cambio en Concordia los pagos se hicieron a la sorda y con una medida de previsión;: aunque incluyeron a los regidores y al síndico procurador, no hubo dinero para el presidente municipal Eligio Medina, de quien se dice que tampoco lo necesitaba, pues se asegura en los corrillos, aunque nadie precisa los predios, que el exalcalde es hoy un fuerte terrateniente de la región.

Esos son siete de los diez municipios revisados en el primer paquete. Falta todavía conocer los resultados de los ocho ayuntamientos restantes. Es muy probable que las conductas no hayan sido distintas.

NI SE ACELEREN PORQUE EN MAZATLÁN NO HUBO DE PIÑA

En el caso de Mazatlán, para tristeza de los malquerientes del Diablo Alejandro Higuera Osuna, no hay registro de ese renglón. Por más que lo presionaron, los regidores no consiguieron un solo peso del bono que le pedían. La presión fue grande incluso de parte de los regidores panistas y de su coaligada perredista, quien en varias ocasiones hizo punta para acudir a hacer la exigencia, sin conseguir absolutamente nada.

Por el contrario, hubo una edil del PAN que anunció su decisión de demandar al propio Alejandro Higuera, porque la bancada hizo, según dijo, un ahorro que a la vuelta de tres años les permitiese retirarse con dignidad, y que ni siquiera ese dinero les fue entregado. Al parecer la sangre no llegó al río porque Higuera fue incorporado a la nómina del gobierno estatal, demostrando que contaba con el apoyo político de Malova.

La segunda vertiente del asunto es la de bonos entregados a trabajadores de confianza. El auditor Antonio Vega sostiene que en estos casos sí existe un respaldo legal, pues la Ley Federal del Trabajo establece bonos, compensaciones y liquidaciones para quienes terminan su periodo laboral. Sin embargo, cuando un alcalde lo otorga sin que ese pago se encuentre considerado en el Presupuesto de Egresos de su municipio, cabe una sanción que iría desde una amonestación hasta un castigo administrativo.

En la plática con el auditor hubo además un tema que resultó del análisis de las cuentas públicas: la figura del desvío de recursos. Usualmente los políticos o los administradores se justifican diciendo que ese señalamiento no significa que haya habido irregularidades, sino que se utilizó dinero etiquetado para una obra o un programa, en áreas distintas pero reales, dentro de la propia administración municipal, para municipal, estatal o paraestatal. Vega sin embargo, sostiene que quien haya comprado un carro o pagado una nómina o algún otro gasto corriente con dinero etiquetado para una obra o un programa distinto, estará incurriendo en un delito. Puede darse el caso, explica, de que un alcalde reciba un millón de pesos por concepto de impuesto predial rural, y que lo gaste en el gasto corriente del ayuntamiento. Estará obligado a devolver ese dinero y puede enfrentar una sanción. Incluso puede recibir la sanción quien habiendo tomado dinero de un lado para gastarlo en otro, regrese la cantidad involucrada. La figura del desvío de recursos se dio inapelablemente.

¿Cuántos casos irán a aparecer?

En todo caso hay tranquilidad en los ayuntamientos, porque estas cuentas públicas corresponden a los trienios anteriores, pero ya la siguiente hornada corresponderá a los actuales, y empezaremos a ver cómo es que han pintado las cosas.

LA NECESARIA MODERNIZACIÓN DE LOS GOIERNOS MUNICIPALES

Todos estos acontecimientos, estas costumbres rudimentarias y ancestrales de meterle mano a los centavos públicos, son parte de una mala práctica gubernamental provocada en primer término por la mala condición humana, la proclividad de algunas –muchas- personas a la corrupción,.

Pero también es lo arcaico de la administración gubernamental. Por más que se dictan nuevas normas, se sigue incurriendo en irregularidades que no tienen fin,

Hace falta generar una cultura del respeto a las leyes, empezando por quienes juraron cumplirlas y hacerlas cumplir, que se entienda que llegan a un lugar donde administran los bienes de la sociedad, pero no pasan a ser propietarios de esos recursos.

Hubo un gobernador que, sincerándose durante una plática, se quejó de que uno de sus colaboradores hacía demasiadas cosas que no necesariamente le correspondían, utilizando para ello el puesto y los recursos a su cargo. –Está haciendo política, le dieron el puesto y él lo aprovecha para eso, para hacer política –Sí, pero ¿porqué con mi dinero?

Hay muchas fórmulas que se han intentado, pero no terminan de cuajar. Hoy por lo pronto, un especialista como Mauricio Valdés Rodríguez, viene a hablar de la Modernización del gobierno municipal. El expositor es presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de México, y hablará para servidores públicos de los municipios de la región, aunque la plática estará abierta también para académicos y público en general.

Es de esperarse que no sea la única actividad. El secretario ejecutivo del IAPSIN en Sinaloa, Calixto Arellano Fierro, dio a conocer que el propósito es mantener un buen ritmo de actividades para que los nuevos funcionarios se empapen de sus obligaciones como servidores públicos, más allá de las tareas específicamente encomendadas. El Instituto es presidido en Sinaloa por el subsecretario de Ingresos del gobierno del estado, Clodomiro Espinoza.

Escrito por en 11 Julio, 2014. Archivado en Altavoz a la Hora,Columnas,Estatal,Portada. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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